Guayaquil. Torturas y vejaciones para 'curar' la homosexualidad

Por María Elena Arellano


Clínicas operan al margen de la Ley, pero las denuncias no llegan a instancias judiciales

A'Chiqui' lo tenían encerrado en un cajón del patio lleno de maleza y mosquitos de un centro que dirigía un pastor evangélico de Durán, provincia del Guayas. Le habían rapado, golpeado y cortado las uñas de las manos, recuerda Neptalí Arias.

La voz del director ejecutivo de la fundación Famivida se quiebra al relatar la historia de un peluquero de Guayaquil, al que ayudó a rescatar hace cuatro años con ayuda de la Policía. "Nos contó que su familia lo llevó allá con engaños, los celadores le aplicaban choques eléctricos en el ano para quitarle la homosexualidad. Imagínese, esa era la terapia".
Arias perdió de vista a "Chiqui" hace tiempo, pero dice que, tras el infierno vivido, quedó muy traumatizado y entró en tratamiento psicológico hasta que pudo volver a trabajar.

Desde hace más de una década, organizaciones sociales monitorean el funcionamiento de supuestas clínicas y centros que, sin fundamento científico ni legal, practican castigos físicos y psicológicos, para presuntamente cambiar de orientación sexual a las personas en el Ecuador.
En ese internamiento forzado el maltrato va desde la humillación verbal, insultos, encadenamiento y hambre, hasta palizas y violaciones, por un pago mensual que va de 100 a 500 dólares, según el estrato social, explica Efraín Soria, presidente de la Fundación Equidad.

Sucede a pesar de que la Organización Mundial de la Salud excluyó a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades en 1990.

"Algunos centros aupados en el tema de la desintoxicación de alcohol y drogas venden por debajo terapias de deshomosexualización", dice Óscar Ugarte, vicepresidente de la Fundación Diverso Ecuador.

registro. El año pasado, la estadística oficial requerida por el Taller de Comunicación Mujer sobre establecimientos de rehabilitación de adicciones, arrojó sorpresas. De 206 clínicas registradas en el país, 102 las reportaba únicamente el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), 49 el Ministerio de Salud Pública (MSP) y 55 ambas instituciones.
Hacer un mapeo de las que operan ilegalmente en Guayas y concretamente en Guayaquil no es fácil, porque se movilizan y cambian de domicilio, indica Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X.

Todavía recuerda con dolor un local que conoció en El Guasmo, "pequeñito, con literas, una cocina asquerosa y sin baños", cuando acudió a rescatar a una compañera lesbiana encerrada, hace dos años. "La metodología era que dos hombres la violaban, pasaba una semana, se sentaba frente al director del centro que le preguntaba cómo se sentía y si le gustaban los hombres con todo lo que había tenido. Si decía que no, ocurría lo mismo otra vez". El centro desapareció, indica.
En agosto de 2011, Nicolás Jara, entonces ministro encargado de Salud Pública, anunció que alrededor de 30 clínicas ilegales que alegaban curar la homosexualidad, habían sido clausuradas en el país.
El anuncio dio la vuelta al mundo y contribuyó a visibilizar el problema, lo que sucedía con las mujeres lesbianas, que han sido mayormente vulneradas como objetos fáciles de ser capturados e ingresados, expresa Lía Burbano, presidenta del Movimiento M & M.

No hay forma de hacer seguimiento de los casos presentados en Guayaquil, porque se han quedado en el plano verbal, sin procesos judiciales iniciados por temor a la sociedad y a enfrentar a la familia.
Como prueba, la Defensoría del Pueblo atendió 3 casos en la Delegación de Guayas durante los años 2010 y 2011 y consiguió liberar a las chicas retenidas, recuerda Marco Pacheco, abogado de la institución.

En ninguno de ellos la denuncia avanzó a otra instancia.

A raíz de su posesión como titular del MSP, Carina Vance, anunció acciones contra las clínicas que ofrecen servicios de deshomosexualización.
Pero hay dudas de que el objetivo se cumpla en corto plazo. "Todavía estamos centralizados, todo hay que hacerlo en Quito, las bases de datos están allá y es difícil fortalecer un proceso en Guayaquil si las organizaciones no cuentan con los recursos adecuados", reflexiona Lía Burbano, de M & M.
El MSP pidió tiempo a EXPRESO para entregar información porque "está organizando las cosas puertas adentro".

María Elena Arellano - Guayaquil
Fuente: El Clarí de Colombia